Titulaban varios medios de comunicación nacional la semana pasada con las declaraciones del Fiscal General y del Procurador General, quienes en un escenario natural son opositores, que en esta ocasión coincidían manifestando la viabilidad de “denunciar” a Nicolás Maduro o su cúpula militar ante la Corte Penal Internacional (CPI), pues a su criterio, la movilización forzosa de compatriotas hacia nuestro territorio desde Venezuela se puede configurar como un crimen contra la humanidad.
Y antes de continuar con estas líneas, cabe resaltar que rechazo la manera cómo han sido expulsados los miles de colombianos que residían en Venezuela, no hay manera de describir las imágenes de dolor y angustia de los afectados que nos llegan desde Cúcuta; así como también repudio la postura de Nicolás Maduro quien luce como el típico presidente de una república bananera.
Luego de esta aclaración, sigamos entonces. Según los hechos que han tenido lugar por estos días en la frontera colombo-venezolana, el Fiscal Montealegre y el Procurador Ordóñez consideran que ahí se reúnen los elementos para que la CPI active su competencia y juzgue al presidente venezolano. ¿Por qué la CPI? Porque a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, la que emitió el fallo en el que perdimos porciones de mar con Nicaragua, ésta es la encargada de procesar individuos (y no Estados) que se consideran han cometido crímenes de genocidio, de guerra, de agresión o de lesa humanidad. Hasta este momento estamos de acuerdo en que ente el acusador y el ministerio público no se equivocaron al señalar el tribunal de justicia internacional que juzga a personas, pero como les iré mostrando yerran al decir que se ha cometido alguno de los delitos mencionados.
¿Cuál de los delitos que juzga la CPI es el más cercano a los hechos? Muy probablemente se han referido a crímenes de lesa humanidad, los cuales según el Estatuto de Roma (el tratado que le da vida a la CPI), comprenden conductas como asesinato, exterminio, esterilización forzada, tortura, desaparición forzada y deportación o desplazamiento forzoso, entre otros, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Entonces, la conducta en cuestión sería el desplazamiento forzoso al que al parecer están obligando las autoridades venezolanas a los colombianos que en su criterio son colaboradores de paramilitares o contrabandistas.
En la práctica, las consecuencias del desplazamiento forzado como delito de trascendencia internacional es el mismo que hemos evidenciado recientemente en los medios noticiosos. Sin embargo, de acuerdo al artículo séptimo del Estatuto de Roma, para que esta conducta sea considerada un delito contra la humanidad se exige la necesidad de que las personas expulsadas de un territorio hayan estado legítimamente en el lugar, es decir, en condiciones de regularidad. Esta situación al parecer no pasa en el conflicto con Venezuela, pues presuntamente la mayoría de éstas no estaban en condiciones de legalidad en el vecino país, cosa que si bien dista mucho de ser responsables de las conductas que el gobierno bolivariano les imputa, genera muchas dudas sobre la posibilidad de que sea admisible una comunicación de Estado ante la CPI.
Lo que sí constituiría una violación al derecho internacional, y no a lo establecido en el Estatuto de Roma, es la manera cómo han sido expulsados nuestros connacionales, pues aún cuándo sea una decisión soberana dentro de la política de migración venezolana la deportación de extranjeros, lo que hemos evidenciado es una expulsión masiva que ignora instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que Venezuela ratificó en 1978. Por esta razón es que las cosas deben llamarse por su nombre, y no andar vociferando amenazas de “denuncias” (término que no existe) en donde no tienen lugar, pues además de instrumentalizar a la CPI, como Estado perdemos entre otras cosas credibilidad, seriedad y erosionamos la ya desgastada relación diplomática con el gobierno de Nicolás Maduro, cuando es claro que el diálogo es la salida más viable y eficaz que debería garantizar una pronta solución, y así evitar que se sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos enfrentados a tan lamentable situación.
Y es que resulta bien visto enarbolar las banderas del nacionalismo por estos días, ya que al señalar al presidente venezolano se genera el clima de confrontación personal que vivimos en la época de Álvaro Uribe y el fallecido Hugo Chávez, del cual muchos intentan sacar provecho personal, y no es para menos, de ambos lados de la frontera estamos en época electoral; pero no señores, la salida no es alzar la bandera y remangarse la camisa. Adenda: reitero lo que dije en mi primer artículo, y es que los planes para la implementación del posconflicto por parte de los mandatarios locales parecen brillar por su ausencia.
Luis Andrés Álvarez
@luisandresalto
Foto tomada de: www.diariocorreo.pe
