Por, Yebrail Haddad
El oscurantismo estuvo marcado por una confusión y mezcla indeterminable de moral y derecho. El concepto de justicia dependía de lo que se consideraba, al arbitrio del monarca, moralmente bueno o malo. Por eso mismo, uno de los mayores logros de la evolución de las sociedades con el advenimiento del Estado de Derecho, fue precisamente la separación entre lo que se creía era correcto conforme con la moral y los principios religiosos y lo que debía ser justo con base en un ordenamiento normativo pre-establecido.
Buena parte del Siglo XX divisó como, bajo el amparo del Estado de Derecho, las sociedades sucumbieron ante los fundamentalismos nacionalistas de ultraderecha que motivados por una nueva ausencia de claridad de los límites entre moral y derecho desataron la feroz Segunda Guerra Mundial absortos en la creencia de encontrarse “haciendo lo correcto, lo justo y lo bueno”.
El influjo Fascista que permeó una parte importante de las sociedades europeas de altísimo nivel intelectual, de avanzada, y de vanguardia, no puede ser explicado de manera distinta a la conformación de una opinión pública compacta que fue configurada a partir de creencias, doctrinas, propaganda y necesidades, en el momento justo y bajo la dirección de un líder correcto.
Zagrebelsky, en su libro “La Crucifixión y La Democracia”, nos pone a pensar en el suceso histórico del juicio a Cristo, como un ejemplo de manipulación e instrumentalización de las mayorías para lograr los fines pretendidos por el Sanedrín, Herodes y el Imperio Romano.
Este autor, basado en las teorías de la democracia, en análisis jurídicos y acudiendo a las Sagradas Escrituras e incluso a los Testamentos Apócrifos, nos lleva a la conclusión que cuando Poncio Pilatos, atendiendo a “mecanismos democráticos”, pregunta a las masas apostadas en Jerusalén con ocasión de la pascua judía, “¿A quién debo liberar, a Jesús o a Barrabás?”, conocía de antemano la respuesta que iba a provocar, pues Barrabás sería el elegido.
La moral del pueblo de la época, la orientación de sus líderes políticos y religiosos, aunados a la inclusión de agitadores profesionales en las tribunas, llevó a que las mayorías tomarán la peor decisión de la historia de la humanidad: condenar a muerte al hijo de Dios.
Para nosotros se trataría de un hombre justo, un hombre inocente, alguien que no hacia mal a nadie y que no representaba ningún peligro para las clases hegemónicas, toda vez que su “reino no es de este mundo”. Sin embargo, a los ojos de la mayoría, de la opinión pública, de la moral imperante, de los intereses de los perpetuadores del poder, se trataba de un criminal de la peor calaña.
Lo que piensa la opinión pública no es siempre lo justo, lo que quieren las mayorías no siempre es lo correcto, lo que dicta la moral no siempre es lo que debe ser equitativo para la sociedad.
Por eso, enhorabuena el hombre creó el Derecho, y creó al Estado, para garantizar que los gobernantes no impongan su propia moral a los gobernados y para que en tiempo de “locura y desenfreno” las masas influenciadas por el estado de opinión, por las creencias imperantes, no destruyan lo que la humanidad ha tardado siglos en construir, basadas en un orden jurídico prestablecido.
Me refiero concretamente a los derechos fundamentales y las libertades públicas, a la tri-división de poderes, a la separación entre moral y derecho, al carácter laico del Estado, en fin, a nuestros principios fundacionales, por los cuales se ha derramado tanta sangre a lo largo de la historia de la humanidad.
Ahora que pareciera que volvieron los tiempos de tribulación, en los que los extremismos nacionalistas y populistas ganan cada vez más afectos entre las gentes del mundo entero, e incluso ganan elecciones y referendos, es necesario enarbolar las banderas por la defensa del Estado Constitucional, bajo la premisa cierta de profundizar la democracia.
Y en ese camino por la defensa de la democracia, debe también quedar claro que no es posible justificar la democracia en si misma con el sacrificio de los derechos fundamentales, como tampoco de ninguno de los principios que orientan el estado social de derecho; ni aunque esta decisión devenga como resultado de la aplicación de la regla de la mayoría.
Por estas razones, no creo, no apoyo, los referendos, ni las consultas populares edificadas para limitar los derechos fundamentales, ni para transigir frente a los logros del bienestar y desarrollo humano, ni mucho menos concurro a la amputación de los derechos de las niñas y niños abandonados a tener la seguridad y la tranquilidad que le provee una familia adoptiva, o un padre o madre adoptante, por inmoral que esto sea, a decir de la “mayoría”.
Notas
Gustavo Zagrebelsky. La Crucifixión y La Democracia. Ariel, Barcelona
