Para el año de 1845, la hoy República de Colombia, comenzó un proceso de integración de nuevas provincias dentro del esquema centralista de la Constitución de 1843, para entonces vigente.
Las reformas tendientes a la descentralización territorial del Estado, se sucedieron a mediados del siglo XIX de la mano con otras medidas dirigidas a desmontar el rancio modelo colonial auspiciado por los latifundistas y el clero.
Los fortalecidos grupos sociales, compuestos por manufactureros, comerciantes y artesanos, como los pequeños agricultores del oriente de la Nueva Granada, enarbolaron las banderas reformistas, promoviendo, entre otras, la supresión de las trabas coloniales al libre cultivo.
Los vientos descentralizadores inundaron el ambiente nacional, alentados por las disposiciones adoptadas por el Congreso de 1848, que mediante una ley sobre administración y régimen municipal determinó los bienes y rentas de propiedad de las entidades territoriales.
En 1849, el Congreso decretó la libertad del cultivo del tabaco y la abolición de la pena de muerte por delitos políticos. El año siguiente, el cuerpo legislativo aprobó la ley de redistribución de rentas y gastos entre la nación y las entidades territoriales; ley que contribuyó en gran medida a impulsar las finanzas provinciales.
