EL QUE PAGA POR LA PECA Y EL QUE PECA POR LA PAGA

Por, Yod

En días pasados un amigo me envío una frase que había acuñado sobre una situación que se viene presentando en la ciudad de Ocaña. Al principio parece graciosa pero guarda una verdad de a puño muy lamentable: En Venezuela maduro está acabando con los venezolanos y En Ocaña las venezolanas están acabando con los matrimonios ocañeros.

Esta frase hacía alusión a la gran cantidad de mujeres provenientes de Venezuela que se habían instalado en la ciudad a ejercer la prostitución como medio de subsistencia. Las evidencias de esto eran palpables en las calles y por más que han querido controlar esta situación por parte de las autoridades locales, la cosa se ha salido de las manos.

En vista de esta situación, ya desbordada, las autoridades prepararon una batida sin precedentes en el sector del mercado público de Ocaña donde se encentran la mayoría de los sitios de lenocinio de la ciudad. El objetivo era detener y deportar a las mujeres que no tenían la documentación legal vigente para residir en Colombia y que venían ejerciendo esta actividad milenaria. Como pasa siempre, por arte de magia o por arte de algún cliente agradecido, este operativo se filtró días antes de hacerlo.

Ante el inminente operativo y la hecatombe que ocasionaría, los prestantes dueños y administradores de los burdeles apostados en la plaza de mercado y con conocimiento de lo que iba a suceder, llamaron a todos sus clandestinos clientes para que de manera solidaria dieran posada a algunas de las ciudadanas venezolanas mientras pasaba el operativo y las aguas volvieran a su estado natural. La respuesta de los agradecidos clientes no se hizo esperar y acataron el llamado de resguardar a las mujeres venezolanas por unos días en sus casas. Para lograr esto los clientes inventaron a sus esposas unos cuentos inverosímiles sobre la situación de estas mujeres y en donde le restregaban la culpa de todo a Maduro. Al final sin más alternativas, las esposas ya resignadas pero enfurecidas con Maduro, terminaron atendiendo a las mujeres venezolanas en sus propias casas.

El fin de semana cuando se hizo el operativo en el mercado público, los encargados se encontraron con burdeles sin ninguna mujer de nacionalidad venezolana y pasaron su informe final manifestando que el cuento de la existencia de mujeres venezolanas ejerciendo la prostitución como medio de subsistencia y que estaban acabando con los matrimonios en Ocaña, no era cierto y que todo indicaba que había sido una invención propia de la imaginación de las mujeres de nuestra tierra.

Cualquiera sea la verdad de este hecho y las consecuencias que está generando socialmente, lo cierto es que para estas mujeres que han salido desde Venezuela como desplazadas debido a la situación de su país a ejercer el “oficio más viejo del mundo” no es para nada bueno y mucho menos un trabajo. La secuela que esto tiene para estas mujeres inmigrantes es que no disfrutan de derechos sociales y sufren una indefensión legal, social, y laboral en nuestro país.

Ahora bien, esto es una situación que se está dando en muchas otras ciudades, y hoy en día se ha puesto en un tema de discusión nacional no solo por la crisis social de Venezuela sino también por cuenta de la propuesta que hizo la representante a la Cámara por el Partido Liberal Clara Rojas, quien radicó un proyecto en el Congreso de la República para someterlo a discusión. Este proyecto de ley está encaminado a abolir la prostitución en el contexto de una sanción a quien paga por este ‘servicio’, es decir, según Clara Rojas, castigar a quienes obtienen relaciones sexuales a cambio de un pago.

En el fondo, lo que busca la congresista es desestimar esta práctica teniendo en cuenta que muchas personas que se encuentran en situación de prostitución han sido víctimas de la violencia del conflicto y explotadas sexualmente. “Entre el 60 y el 70 % de las personas que ejercen la prostitución son personas de estratos 1-3, migrantes y desplazadas por la acción de grupos armados al margen de la ley. Estas cifras fueron dadas a conocer en una Audiencia Pública que se realizó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Además la idea es que, con los dineros que se obtengan de la multa, se creé el Fondo Nacional de Atención y Apoyo a Personas en Situación de Prostitución (FONASP), administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social y que servirá para financiar las políticas, planes y programas dirigidos a esta población vulnerables. De aprobarse la ley, las sanciones se harían de manera progresiva  desde el momento que entre en vigencia, por ejemplo: durante los dos primeros años a partir de la vigencia la multa se cobrarían cuatro SMLDV ($98.300), después del tercer año ocho, hasta llegar al noveno año de vigencia, en el cual se cobrarían 32 SMLV, equivalentes a $786.800.

Este proyecto, apenas obvio, ha dado para todo y la controversia generada ha sido mayor. Fidelia Suárez, presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales en el país, indignada rechazó que el proyecto equipare el trabajo sexual con la trata de personas. – No fue construido para beneficiar ni proteger a la población que ejerce trabajo sexual – , dijo Fidelia, – Nosotras no somos víctimas ni discapacitadas, somos personas que con consentimiento propio decidimos ejercer un trabajo más en el país. Multar a quienes pagan por servicios sexuales es penalizar a toda la población que lo ejerce -.

Un ciudadano al escuchar la propuesta, fue más allá y dijo en un medio radial – En lo que terminaron los liberales… Se enloqueció Clara. Esta es la actividad comercial más antigua del mundo y ella cree que miles de años se pueden sacar de la cultura con un plumazo. Vuelve la milenaria pregunta de los tataratas abuelos: ¿Quién es más culpable, el que peca por la paga o el que paga por la peca? Dejémonos de vainas Sí. Debía usted ocupar su tiempo denunciando la corrupción. Vividores que lo dan todo por unos pesos y se inventan cualquier tontería para llamar la atención –

La controversia continúa y va continuar por un buen tiempo en nuestro país. Ahora bien, lo primero que se tiene que hacer en un país como el nuestro  es hacer un diagnóstico real de la situación y hacer visibles a los dos protagonistas, el que paga por la peca y la que peca por la paga, e indagar en las causas y motivaciones que llevan a los unos y a las otras a formar parte de este binomio. Y es necesario comenzar por decir las cosas como son y es que la sola palabra prostitución puede frenar el razonamiento de lo que verdaderamente hay.

Lo que existe en Colombia, como en la mayor parte del mundo, es  una gran industria del sexo que incluye burdeles o casas de citas, clubes nocturnos, ciertos bares, cabarets, líneas telefónicas eróticas, sexo virtual por Internet, sex shops con cabinas privadas, servicios de acompañantes, anuncios comerciales en periódicos y revistas, cines y revistas pornográficos, películas y videos en alquiler y prostitución callejera. Está claro entonces que lo que existe no es un único concepto de la prostitución sino distintas actividades dentro de esta industria y comercio sexual.

 Además, hay diferentes formas de definir el colectivo desde prostitutas, putas, trabajadoras sexuales, mujeres prostituidas, mujeres que ejercen la prostitución, personas que trabajan en prostitución,…. Distintos conceptos que suponen distintos enfoques y análisis de esta realidad y su propia consideración como trabajo, como objetos de explotación, o víctimas de la trata.  Sin duda, la prostitución ha pasado de ser un negocio de ámbito local a uno de carácter transnacional. El negocio de la prostitución es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas.

(Continuará)

Yebrail Haddad Linero

Yebrail Haddad Linero

Nativo de Ocaña. Es Abogado y Magister en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como profesor universitario, asesor del Consejo Nacional Electoral, Director de Procesos Judiciales y Administrativos de la Gobernación de Cundinamarca, Personero y Alcalde de Ocaña, Director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Asesor de Gobernabilidad para la Paz del Programa de Naciones Unidas.

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