El pasado martes 12 de mayo el Presidente Santos anunció con bombos y platillos que el País acababa de superar la línea de pobreza al señalar que más de la mitad de los colombianos ganaba al menos cuatro dólares diarios, lo que palabras más, palabras menos, significaba que la población había ingresado a la clase media. Se basaba en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que establecía que el 55% de la sociedad había mejorado su nivel de ingresos y que gozaba de una mejor calidad de vida, que le permitía generar ahorros o gastar suntuosamente, así como acceder a una mejor prestación del servicio de salud, a una alimentación más balanceada y a pensar en la educación superior de sus hijos.
La noticia es alentadora, y no es para menos, el Presidente tiene razones fundamentadas para poder reivindicar el resultado como propio y para aventurarse con optimismo al futuro. Sin embargo, este sistema de medición que permite aseverar que millones de familias salieron de la pobreza por el hecho de aumentar sus ingresos, no permite concluir que los integrantes del núcleo esencial de la sociedad hayan alcanzado el óptimo estándar de calidad de vida que los ponga en situación de bienestar.
Si bien es cierto, como lo dice La Revista Semana,[1] que el país se ha subido “al tren de la tendencia global” en la que las dos terceras partes de la población mundial ha ingresado a la clase media, no menos cierto es que Colombia al igual que otros países denominados emergentes, no ha generado las suficientes condiciones en términos de goce efectivo de derechos de contenido económico, social y cultural como para cantar victoria, puesto que las circunstancias de bienestar de la población no están atadas exclusivamente a establecer que las personas perciban un ingreso superior a los cuatro dólares diarios, sino que es necesario revisar otros componentes como el de acceso al empleo formal, a la seguridad social, a la vivienda digna, a la educación superior, a la compra de bienes y servicios, a la recreación y al ocio, entre otros aspectos; todos estos enmarcados en el concepto de progreso multidimensional.
El progreso multidimensional es entonces aquel que permite establecer avances en calidad y condiciones de vida de los habitantes del territorio que los colocan en un plano de bienestar atendiendo criterios adicionales a los del mero ingreso. Y en ese sentido, el crecimiento económico por sí mismo no va a reducir la pobreza y la desigualdad en el País.
Si miramos las políticas públicas de Colombia en la última década, nos podemos dar cuenta que estas han privilegiado el crecimiento económico por encima del desarrollo humano y progreso multidimensional. Incluso, el constituyente de 1991 otorgó el mandato claro y expreso a la Junta Directiva del Banco de la República de controlar la inflación y proyectar el crecimiento económico del País, y aunque aparentemente estas medidas han dado sus frutos, pues se han logrado buenos resultados en la materia año a año, e incluso, aumentado los ingresos de la mitad de las familias del territorio nacional, las que con criterio clásico han salido de pobres, no será posible que estas mismas políticas lleven al goce pleno de derechos y al bienestar general de las gentes.
En otras palabras, no es posible alcanzar el progreso multidimensional a partir de políticas que van orientadas al crecimiento económico. Menos aún, si se mantienen las actuales políticas públicas y la tendencia de la reciente reducción en el ritmo de crecimiento económico de la región, se estima que cerca de 1.5 millones más de hombres y mujeres caerán en la pobreza hasta el fin del año. Ellos se sumarán a los 1.7 millones de latinoamericanos que por primera vez en la década ya cayeron en la pobreza[2] en 2014, según proyecciones de PNUD[3].
Adicionalmente, hay que destacar que una encuesta realizada por Gallup[4] en América Latina señala que solo un tercio de la población de la región manifestó su preocupación por el dinero, pese a que los otros dos tercios[5] de esta se encuentra en situación de pobreza[6] o vulnerabilidad[7], lo que demuestra la importancia de ampliar la mirada gubernamental más allá del ingreso y el crecimiento económico.
Alcanzar el progreso multidimensional conlleva la necesidad de cambiar el enfoque de las políticas públicas en el país y re-direccionarlas no solo a lograr el aumento de los ingresos, si no a alcanzar el bienestar general de los colombianos. Eso significa invertir en capacidades para la inserción laboral, en sistemas financieros que no lleven a un sobreendeudamiento de los pobres, en la reducción de las brechas de género y en el desarrollo rural, entre otros aspectos, máxime cuando el futuro podría traer consigo desaceleración de la economía, caída del crecimiento económico y cada vez más interés de la población por alcanzar un estado de vida deseable que supera la discusión del valor del dinero.
[1] Revista Semana, Edición del 16 de mayo de 2015.
[2] Por vivir con menos de cuatro dólares diarios.
[3] Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo. Proyecciones para el informe de Desarrollo Humano 2016.
[4] La información sobre percepciones de bienestar forma parte de la base de datos representativa a nivel nacional de Gallup World Poll, que para efectos de este documento incluye respuestas de más de 19 mil personas de 15 o más años de edad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
[5] Un total del 68% de la población según datos del PNUD.
[6] El 25% vive con menos de cuatro dólares diarios.
[7] El 38% vive justo por encima de la línea de pobreza con entre cuatro y diez dólares diarios.
