Por, Yebrail Haddad Linero
Alguna vez le preguntaron a un campesino de nuestro país ¿Qué opina de la pena de muerte? a lo cual él respondió: “Pues que la quiten”.
De entrada debo señalar que no comulgo con la pena de muerte, no solo por ser contraria a nuestra Constitución, sino también porque considero que el derecho a la vida es sagrado y que el Derecho Penal por si mismo no puede resolver problemáticas de la sociedad que están necesariamente vinculadas con la responsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia frente a el goce efectivo de los derechos de contenido económico, social y cultural, como a los principios, valores y aprendizajes derivados de los procesos educativos de calidad.
Por consiguiente, no puedo estar de acuerdo con las voces que a manera de oleadas se alzan cada cierto tiempo ante la opinión pública pidiendo a gritos la reforma a la Carta Magna a efectos de instituir la pena de muerte para ciertos hechos punibles. No quiere decir tampoco, que esté de acuerdo con las violaciones hacia los niños y niñas, o el secuestro, ni mucho menos con el narcotráfico o el homicidio, delitos que considero tienen penas adecuadas, pero cuyos autores generalmente no son efectivamente enjuiciados, favoreciendo las altas tasas de impunidad y minando la credibilidad frente al aparato de justicia.
La reflexión que finalmente quiero plantear, y que surge a partir de la terrible ejecución del Colombiano Ismael Arciniegas Valencia a manos de la justicia China, el pasado 27 de febrero, luego de que fuera condenado a la pena capital al encontrársele culpable del delito de trafico de 4 kilos de cocaína; radica en que lamentablemente los valores y principios de la declaración de derechos del hombre, particularmente el Derecho a la Vida, no han cobrado, luego de más de dos siglos de existencia, el carácter de universales.
En efecto, de considerarse universal el Derecho a la Vida, todos los Estados y las Sociedades “civilizadas” habrían abolido de sus ordenamientos jurídicos la pena de muerte. Hoy en día además de China, algunos estados de Estados Unidos, Cuba, Emiratos Arabes Unidos y 54 países más, aun contemplan la ejecución a manera de pena, aunque varios de ellos lo hagan excepcionalmente.
Se sabe por el revuelo que causó el deceso por inyección letal del Colombiano Arciniegas, que todavía hay 14 compatriotas más sentenciados en China y en espera de su muerte. De acuerdo con la Cancillería Colombiana 2 más estarían en la misma situación en los Estados Unidos. Muy lamentable.
La pena de muerte contradice la propia naturaleza humana, deslegitima la existencia del Estado y pone en entredicho la capacidad de la sociedad para responder a los desafíos de la vida en comunidad, por lo que en nada contribuiría al desarrollo de nuestro pueblo.
Por ahora, a defender el carácter universal del Derecho a la Vida… por lo menos en Colombia.
